Jorge Mario Cabrera, de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de los Ángeles (CHIRLA), dijo a Efe que «pronto» habrá «justicia para millones de familias que viven en las sombras».
El congresista demócrata por Illinois, Luis Gutiérrez, aseguró que esperaba esta decisión del Supremo tomara el caso y que confía en que «prevalezca el punto de vista del presidente».
En un comunicado difundido por su oficina en Washington, el legislador, uno de los abanderados de la defensa de los indocumentados en el Congreso federal, expresó que «la ley, el precedente legal y la gente están del lado del presidente».
Las medidas migratorias de Obama consisten en la ampliación de la Acción Diferida (DACA) y poner en marcha el programa Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres (DAPA), que busca amparar a los padres indocumentados de ciudadanos estadounidenses o con residencia permanente.
En febrero pasado, un juez federal de Texas bloqueó las medidas de Obama a raíz de la demanda presentada por 26 estados y en noviembre la Corte del Quinto Circuito de Apelaciones, con sede en Nueva Orleans, decidió mantener dicha suspensión, ante lo que el Gobierno decidió apelar ante el Supremo.
Ben Monterroso, director ejecutivo de Mi Familia Vota, aplaudió la decisión de la Corte Suprema de escuchar el caso, después de un año en el que se negó el alivio de los deportaciones a unos cinco millones de inmigrantes, «incluyendo niños ciudadanos de padres elegibles para DAPA».
«La demanda de Texas es mezquina, inmoral y sin mérito. Finalmente, la lucha por la justicia ha llegado a la Suprema Corte», agregó.
Para Frank Sharry, director ejecutivo de America’s Voice, «este es un gran día para millones de inmigrantes y sus aliados», porque tendrán «una completa y justa audiencia» ante la corte más alta de la nación.
Sharry también dijo ser «optimista» de que el dictamen, que se conocerá en junio, será favorable. «El Tribunal Supremo usará el sentido común para promover el bien común. La justicia está cerca, finalmente», afirmó.
El Center for American Progress también confió en que los jueces harán lo correcto, y rechazarán la demanda, presentada por 26 gobernadores, en su mayoría republicanos.
«Una demanda motivada por disputas políticas partidistas bloqueó iniciativas basadas en un precedente jurídico fuerte e histórico», dijo Tom Jawetz, vicepresidente de política de inmigración del centro.
«La comunidad inmigrante, una fuerza económica y social integral en el país, merece la oportunidad de obtener un estatus legal», señaló.
Por su parte, el Centro Nacional de Justicia para los Inmigrantes (NIJC) saludó el anuncio del Supremo y dijo que un fallo que acepte la legalidad de los decretos presidenciales «sacará del limbo» a miles de familias que viven amenazadas por la deportación.
«Todos los días vemos familias que corren el riesgo de separación y están desesperadas por un alivio», declaró en un comunicado la directora ejecutiva del centro, Mary Meg McCarthy.
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