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Demócratas del Senado bloquean ley contra las “ciudades santuario”

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Los demócratas del Senado bloquearon hoy un proyecto de ley que pretendía suprimir fondos federales para las conocidas “ciudades santuario”, aquellas urbes del país que decidieron no cumplir las leyes federales en materia migratoria y favorecen la situación de los indocumentados.

Con 53 votos a favor y 44 en contra, los senadores de la mayoría republicana, promotores del texto, no lograron los 60 votos necesarios para poder someter a votación final el proyecto legislativo.

El texto, auspiciado por el senador republicano por Pensilvania Pat Toomey, es parte de una serie de votos aceptados por el liderazgo republicano para ayudar a los conservadores cuyo asiento está en peligro en las elecciones legislativas de noviembre, como es su caso frente a la demócrata Katie McGinty.

Su proyecto de ley, titulado “Detener las peligrosas ciudades santuario”, tenía como objetivo recortar los fondos federales a los gobiernos locales que prohíben a los agentes de la ley cooperar con las autoridades de inmigración cuando detienen a un inmigrante indocumentado, salvo en los casos que haya una orden judicial por delitos penales.

“Voy a seguir mi lucha para tomar realmente medidas que pongan fin a las políticas peligrosas de las ciudades santuario y hacer más segura a Pensilvania”, dijo Toomey en un comunicado este martes, antes del voto de hoy.

Filadelfia, la ciudad principal de ese estado, es identificada como una de esas “ciudades santuario”, sobre todo desde que en enero asumió su cargo el alcalde Jim Kenney, quien dijo que la ciudad volvería a su antigua política de no permitir la cooperación entre los policías locales y los federales.

“Al centrarse en legislaciones contra las llamadas ‘ciudades santuario’, los republicanos están legislando a favor de la visión de (Donald) Trump de que los inmigrantes y latinos son criminales y una amenaza pública”, aseguró el líder de la minoría demócrata en la Cámara Alta, Harry Reid.

Las asociaciones en favor de los inmigrantes están en su mayoría en contra de la propuesta de Toomey, aunque hay excepciones como la Federación para una Reforma Migratoria Justa (FAIR, en inglés).

“El Senado de Estados Unidos no puede, en buena conciencia, mirar hacia otro lado, mientras algunos municipios estatales y locales deciden desafiar abiertamente u obstruir la ley federal, poniendo a sus residentes, y la nación, ante un mayor riesgo de extranjeros criminales y terroristas potenciales”, dijo el director de FAIR, Dan Stein.

“Este proyecto de ley proporcionará un mínimo de justicia para la familia de Kate Steinle, una mujer que todavía estaría con nosotros hoy si San Francisco hubiese seguido la ley federal de inmigración en primer lugar”, agregó Stein, en referencia a un polémico episodio ocurrido hace un año.

Steinle, de 32 años, fue muerta de un disparo efectuado por un inmigrante que se encontrada en situación ilegal mientras caminaba en un muelle de San Francisco con su padre.

El sospechoso, Juan Francisco López Sánchez, había sido deportado varias veces y tenía varias condenas por delitos graves en su expediente cuando acabó con la vida de la joven, un caso que ha calado incluso en la campaña electoral a la Presidencia.

Sin embargo, para el director del Consejo Laboral para el Avance Latinoamericano (LCLAA, en inglés) y la Asociación Nacional de Liderazgo Hispano (NHLA), Héctor Sánchez, estas medidas son sólo “oportunismo político”.

“Refuerzan falsas suposiciones acerca de los inmigrantes con fines políticos. La verdad es que los inmigrantes son menos propensos a estar involucrados en crímenes que los estadounidenses nativos y estas leyes no hacen nada para promover verdaderamente la seguridad pública”, insistió Sánchez.

Ya los republicanos intentaron someter a votación un proyecto de ley similar el pasado año, que tampoco logró avanzar en la Cámara Alta.

Por otra parte, el senador republicano Ted Cruz también presentó hoy un texto que no prosperó por el que pretendía promulgar sentencias mínimas obligatorias para los indocumentados reincidentes.

“Este proyecto de ley promulgaría sentencias mínimas obligatorias que no son necesarias y costarían miles de millones de dólares, aumentarían la población dentro de las prisiones y les quitaría fondos a las autoridades policiales locales y del estado”, argumentó Reid en su contra.

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