La familia de Anastasio Hernández acudirá la próxima semana a Washington para solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que intervenga en el caso del joven mexicano, muerto hace casi seis años tras recibir una brutal golpiza por parte de oficiales de Inmigración.




«Siempre dijimos que estábamos dispuestos a llevar el caso de Anastasio hasta la última instancia para asegurar que no quedara en la impunidad», dijo a Efe Christian Ramírez, del grupo de activistas Alliance San Diego.

La organización será parte de la comitiva que acudirá hasta la sede de la CIDH y que también estará conformada por Bernardo Hernández Rojas, hermano de Anastasio, así como por expertos en derechos humanos de la Universidad de California Berkeley.

El viaje ese producirá meses después de que el Departamento de Justicia cerrara la investigación y no presentara cargos contra los agentes involucrados en la muerte del mexicano, por no encontrar evidencia suficiente de que los oficiales actuaron con malicia.

El 28 de mayo de 2010, un grupo de oficiales de la Patrulla Fronteriza propinó una brutal golpiza al inmigrante que estaba a punto de ser deportado, pese a que éste no mostró resistencia y se encontraba esposado en el suelo.

El incidente quedó evidenciado en dos vídeos capturados por testigos y desde entonces la familia del indocumentado no ha parado de pedir que los responsables de su muerte, calificada por la Oficina del Médico Forense como homicidio, sean llevados a juicio y respondan por sus actos.

El caso es uno de los cerca de 40 incidentes relacionados con el uso de fuerza excesiva por parte de los agentes federales y que han sido registrados por grupos de derechos humanos en la frontera, quienes confían en la intervención de la CIDH y además con una resolución que implique cambios en la dependencia federal.

«Aunque no es la primera demanda que se presenta ante esta instancia dentro del contexto de políticas fronterizas, sí es la primera vez que se hace por un caso de uso excesivo de la fuerza que involucra a efectivos fronterizos de Estados Unidos», precisó Ramírez.

A principios de este mes se anunció que un comité de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza evaluará la investigación hecha tras la muerte del mexicano, para determinar si el uso de fuerza utilizado por sus oficiales respondió a los protocolos establecidos y analizar posibles recomendaciones.

«Yo solo pido que sean transparentes, que digan la verdad, porque esa es una manera de encontrar justicia, que igual ellos tengan cambios en sus protocolos y que ya no más abusos ni muertes», comentó a Efe María Puga, esposa de Anastasio y madre de sus cinco hijos.