Austin (TX), 11 ago (EFE).- Tras pasar por los centros de detención para familias inmigrantes, un grupo de cinco mujeres centroamericanas demandó al Gobierno en busca de una millonaria indemnización por daños y perjuicios, informó hoy su abogado.
Las demandantes reclaman 10 millones de dólares al Departamento de Seguridad Nacional (HSD, en inglés), propietario de los centros, por abuso, negligencia y traumas sufridos bajo su supervisión.
«Esta política irracional y falta de moral de detener a familias, debe terminar. Hasta que no lo haga, estas mujeres, así como otras mujeres y niños maltratados durante su periodo de detención, van a hacer todo lo posible para responsabilizar a los funcionarios del Gobierno por la violación de sus derechos», dijo el abogado de inmigración Andrew Free, que las representa.
En el escrito, las demandantes denuncian malos tratos por parte del personal que gestiona los centros de detención y, en especial, falta de asistencia médica.
En un caso, una mujer asegura que le dieron algodón, gotas y un analgésico para una lesión severa de oído que sufría; en otro, la demandante dice que su hija de seis años estuvo una semana vomitando sangre y no fue atendida hasta que se desmayó.
«Estos cinco casos representan en realidad a las más de 3.000 personas que han pasado en el último año por estos campos de detención masiva. Son el ejemplo de lo que el Gobierno está haciendo a las mujeres y niños detenidos», dijo al portal ThinkProgress Aseem Mehta, de la firma de abogados Immigrant Justice Corps.
El Gobierno de Estados Unidos tiene tres centros de detención para familias inmigrantes (dos en Texas y uno en Pensilvania) supervisados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), gestionados por empresas privadas y que en pleno rendimiento pueden albergar cerca de 3.000 personas.
En la actualidad, hay unas 1.400 personas entre mujeres y niños detenidas en estos tres centros, según informó a Efe el ICE.
La mayoría de los detenidos son familias de Guatemala, El Salvador y Honduras que han huido del narcotráfico y la violencia en sus países y solicitan asilo en EE.UU.
A finales de julio, una jueza federal de California ordenó liberar a los niños de los centros de detención al considerar que el Gobierno viola el acuerdo extrajudicial «Flores» de 1997, por el que los pequeños deben de vivir en las condiciones «menos restrictivas» posibles.
El Gobierno apeló la semana pasada esta decisión al considerar que, de ejecutarse, «eliminaría la capacidad para deportar o readmitir a las familias bajo ninguna circunstancia, lo que podría provocar otro incremento notable del número de padres que cruzan la frontera con sus hijos».
El ICE, por su parte, se abstuvo de comentar la demanda interpuesta por las mujeres.
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