«Seguimos con la esperanza de que la Corte Suprema reconocerá la legalidad y la importancia de estas acciones ejecutivas para nuestras comunidades», declaró a Efe la congresista hispana demócrata Loretta Sánchez.
La representante demócrata de California, una de las impulsoras de estas medidas, recordó que fue el Caucus Hispano del Congreso quien pidió a Obama para que se hiciese algo para «proteger» a la comunidad inmigrante y «poner un fin a las deportaciones.
Pero los políticos no están solos y para demostrar el apoyo al programa DAPA y la ampliación de DACA, que amparan tanto a los jóvenes que llegaron al país de niños junto a sus padres indocumentados como a los progenitores con hijos que son ciudadanos estadounidenses o con residencia permanente, muchos activistas irán el lunes al Supremo para pedir luz verde a las medidas.
«Aproximadamente cinco millones de familias se podrían beneficiar de un programa que les proveería una defensa contra las deportaciones y les proveería una manera de trabajar y de vivir sin miedo y de seguir contribuyendo a sus comunidades», dijo a Efe el representante del grupo America’s Voice Juan Escalante, que el lunes estará en Washington junto a su familia.
Muchos de los jóvenes que ya se beneficiaron de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), aprobada en 2012 y que Obama quiere ampliar para que más indocumentados puedan verse beneficiados, tienen padres o hermanos que podrían verse amparados por las medidas actualmente suspendidas.
«Yo soy una votante latina y mi madre podría beneficiarse de DAPA», aseguró Girsea Martínez, una joven estadounidense de 26 años que vive en una familia de «estatus mixto» de inmigración.
«Dos de mis hermanas, Greisa y Jocabet, están amparadas por DACA y han experimentado de primera mano los beneficios del programa que les permite trabajar y vivir con cierta tranquilidad», explicó Martínez.
Según señaló Greisa, del grupo Soñamos Unidos (UWD, en inglés), por primera vez en la historia un grupo de jóvenes indocumentados envió a la Corte Suprema una declaración («amicus curiae») en este caso de apoyo a las medidas administrativas.
«DACA me ha dado a mí y a cientos de miles de otros de jóvenes la oportunidad de trabajar, manejar y vivir sin miedo», aseguró Greisa.
«Este caso es acerca de mi madre, que podría calificar para un alivio similar si la Corte Suprema rechaza la demanda políticamente motivada», agregó la activista.
El plan de Obama fue bloqueado a raíz de una demanda presentada por 26 estados, en su mayoría gobernados por republicanos, liderados por Texas y que argumentan que la medida excede la autoridad que la Constitución otorga al presidente.
Los jueces del Supremo celebrarán una audiencia sobre el caso el lunes y dictarán sentencia en junio, en plena campaña para las elecciones presidenciales de noviembre.
Los activistas aseguran que, teniendo en cuenta este calendario, las decisiones de unos y otros serán tenidas en cuenta por los votantes.
«Yo creo que la comunidad está siguiendo muy de cerca el resultado de este caso para ver quién estuvo con nosotros y quién no, y hacer su decisión en noviembre», aseguró Escalante.
Mientras, Juan Bernal, un joven residente de Texas que entró al país, junto con su madre, escondido en el baúl del automóvil de un «coyote», espera que el lunes se dé el primer paso para acabar con la angustia la posible deportación de sus padres.
«Mis padres califican para DAPA y yo quisiera que les dieran la oportunidad para poder vivir sin el miedo de que los deporten y que puedan seguir contribuyendo al país», dijo Bernal.
Otra de las que espera impaciente conocer el futuro de DACA y DAPA es Sayra López, de 21 años y quien vive en Georgia.
Su padre, indocumentado, fue detenido y estuvo a las puertas de la deportación, pero su hija gastó los ahorros que tenía para su universidad para salvarle de esta situación.
«Tuve que gastar todo el dinero para mi universidad en la defensa de mi padre y no lo lamento», aseguró la joven, que a cambio de ir a la universidad fue a un colegio comunitario.
