Un tribunal de apelaciones suspendió un fallo que limitaba el uso de fuerza por parte de agentes federales durante operativos migratorios
MINNESOTA / MAINE —
Un tribunal federal de apelaciones suspendió esta semana una orden judicial que restringía las tácticas utilizadas por agentes federales durante redadas migratorias en Minnesota, permitiéndoles nuevamente el uso de medidas como gases lacrimógenos contra manifestantes, mientras el gobierno del presidente Donald Trump avanza con su apelación.
La decisión fue emitida el miércoles por el Tribunal de Apelaciones del 8º Circuito, que congeló un fallo previo de una jueza federal. Esa resolución prohibía represalias contra civiles en Minnesota, incluida la detención de personas que seguían a agentes en vehículos, en el marco de la llamada Operación Metro Surge, desplegada desde hace semanas en Minneapolis y St. Paul.
La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, celebró la decisión en la red social X, afirmando que el Departamento de Justicia “protegerá a los agentes policiales federales tanto de criminales en las calles como de jueces activistas en los tribunales”.
Minnesota, bajo presión federal
Minnesota continúa siendo uno de los principales focos de las redadas migratorias impulsadas por agencias dependientes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Funcionarios estatales y locales que se han opuesto públicamente a estas operaciones recibieron el martes citaciones de un jurado investigador federal, como parte de una pesquisa por presuntos intentos de obstrucción a acciones federales.
En paralelo, un comité de acción política fundado por la exvicepresidenta Kamala Harris está pidiendo donaciones para un fondo de defensa legal en apoyo al gobernador de Minnesota, Tim Walz, quien fue su compañero de fórmula en las elecciones de 2024.
“El Departamento de Justicia está persiguiendo a los enemigos de Trump”, señala un correo electrónico enviado por Harris a simpatizantes.
Maine, el próximo objetivo de las redadas
Mientras tanto, el estado de Maine se ha convertido en el blanco más reciente de la ofensiva migratoria federal. El DHS denominó la operación en ese estado como “Catch of the Day” (Pesca del día), en un aparente juego de palabras con la industria pesquera local.
Aunque Maine tiene una población relativamente baja de inmigrantes en situación irregular, cuenta con una presencia significativa de refugiados, especialmente de origen africano, en ciudades como Portland.
La secretaria de Estado de Maine, Shenna Bellows, anunció que no aprobará una solicitud de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) para acceder a matrículas vehiculares confidenciales.
“No hemos revocado matrículas existentes, pero hemos pausado la emisión de nuevas. Queremos asegurarnos de que las matrículas de Maine no se utilicen para fines ilegales”, explicó Bellows, quien denunció lo que calificó como “abusos de poder” por parte de agentes migratorios.
CBP no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Crece la preocupación en comunidades inmigrantes
En Portland, el concejal municipal Pious Ali, originario de Ghana, aseguró que la presencia del ICE ha generado ansiedad entre los residentes inmigrantes.
“Hay inmigrantes que trabajan en hospitales, escuelas y hoteles. Son parte fundamental del motor económico de nuestra comunidad”, señaló.
Versiones enfrentadas tras tiroteo
El jefe operativo de la Patrulla Fronteriza, Greg Bovino, afirmó que más de 10.000 personas en situación migratoria irregular han sido arrestadas en Minnesota durante el último año, incluyendo unas 3.000 consideradas “criminales peligrosos” en las últimas seis semanas.
Bovino defendió la actuación de los agentes, calificándola de “legal, ética y moral”.
Sin embargo, Julia Decker, directora de políticas del Immigrant Law Center of Minnesota, cuestionó la veracidad de las cifras y las caracterizaciones oficiales de los detenidos.
En un caso separado, un juez federal indicó que podría conceder libertad bajo fianza a dos hombres detenidos tras un incidente con un agente de inmigración, luego de escuchar testimonios contradictorios. El agente disparó a uno de ellos en el muslo durante el altercado.
Los detenidos, Alfredo Alejandro Aljorna y Julio César Sosa Celis, negaron haber agredido al agente. Ni videos ni testigos presenciales respaldaron la versión oficial. Sus abogados indicaron que ambos trabajaban como conductores de DoorDash y no tenían antecedentes penales violentos.
El juez federal Douglas Micko señaló que, aun si son liberados, ICE podría volver a detenerlos mientras continúa el proceso legal.
