La administración Trump utiliza nuevamente una figura conocida como “pocket rescission” para retirar fondos destinados a programas de inmigración, educación, vivienda y otras iniciativas
WASHINGTON — 26 de septiembre de 2026. — La administración del presidente Donald Trump anunció la cancelación de casi $1,000 millones en fondos que habían sido aprobados por el Congreso, mediante una herramienta poco utilizada y jurídicamente controvertida conocida como pocket rescission.
La Casa Blanca informó el viernes que la medida busca eliminar lo que la administración considera gastos gubernamentales innecesarios o perjudiciales. La mayor parte de los recortes corresponde a programas del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) relacionados con servicios para refugiados, solicitantes de asilo y menores no acompañados.
La administración sostiene que algunos de esos fondos ya no son necesarios debido a la reducción de los cruces fronterizos irregulares. La Casa Blanca también incluyó entre los recortes programas relacionados con estudiantes migrantes, desarrollo empresarial para minorías, servicios de vivienda y programas de investigación.
¿Qué programas serán afectados?
Según la Casa Blanca, entre los fondos que serán rescindidos se encuentran:
- $567 millones destinados a servicios de HHS para personas que no son ciudadanos estadounidenses.
- $25 millones de programas educativos para estudiantes migrantes.
- $15 millones destinados al Community Relations Service del Departamento de Justicia.
- $10 millones para programas de desarrollo empresarial para minorías.
- $56 millones en apoyo a organizaciones que ofrecen asesoría de vivienda.
- $70 millones para programas internacionales de educación.
- $28 millones en programas de investigación de HHS.
- $9 millones relacionados con alivio de deuda para países que financian políticas contra el cambio climático.
- $5 millones correspondientes a programas de la Oficina de Salud de las Minorías de HHS.
La Casa Blanca sostiene que varios de estos programas financian iniciativas que considera ideológicas, duplicadas o que ya no corresponden a las prioridades actuales de la administración. Esas caracterizaciones corresponden a la posición oficial de la administración Trump.
¿Por qué la medida es controvertida?
La decisión generó críticas incluso dentro del Partido Republicano.
La senadora Susan Collins, republicana de Maine y presidenta del Comité de Asignaciones del Senado, cuestionó que la administración haya tomado la decisión sin consultar previamente con el Congreso.
Collins argumentó que el Congreso tiene la autoridad constitucional para decidir cómo se asignan los fondos federales y calificó las acciones como ilegales. También sostuvo que la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB), como parte del Poder Ejecutivo, no debería decidir unilateralmente qué programas aprobados por el Congreso merecen recibir financiamiento.
Los demócratas también criticaron la medida. La senadora Patty Murray, principal demócrata del Comité de Asignaciones del Senado, acusó a la Casa Blanca de retirar fondos que el Congreso ya había aprobado.
El debate sobre el “pocket rescission”
La controversia gira principalmente en torno al mecanismo utilizado para cancelar los fondos.
La ley federal contempla un proceso mediante el cual el presidente puede solicitar al Congreso la cancelación de determinadas partidas. En ese procedimiento, el Congreso tiene 45 días para considerar la solicitud.
Sin embargo, la administración anunció los recortes cuando quedaban solamente unos días para terminar el año fiscal y mientras la Cámara de Representantes se encontraba fuera de sesión.
La Government Accountability Office (GAO), organismo del Congreso encargado de supervisión, ha cuestionado anteriormente la legalidad de las denominadas pocket rescissions, particularmente cuando el Ejecutivo intenta impedir que el Congreso tenga la oportunidad efectiva de actuar.
Trump ya utilizó esta herramienta en 2025
No es la primera vez que Trump utiliza este mecanismo durante su actual administración.
En 2025, el presidente intentó retirar aproximadamente $4,900 millones en ayuda exterior previamente aprobada por el Congreso. La medida también generó una disputa legal, aunque la Corte Suprema no bloqueó esas rescisiones en ese momento.
La diferencia en esta ocasión es que los recortes anunciados afectan principalmente programas domésticos dentro de Estados Unidos.
La Casa Blanca sostiene que el uso de esta herramienta es legal y que forma parte de sus facultades para reducir gastos que considera innecesarios. Sus críticos, en cambio, argumentan que el Ejecutivo está invadiendo la autoridad constitucional del Congreso sobre el gasto público.
Por ahora, el anuncio abre nuevamente un debate sobre los límites del poder presidencial y la facultad del Congreso para controlar las asignaciones federales.
