CHARLOTTE, N.C. — Dos hermanos de origen rumano se declararon culpables en un tribunal federal por su participación en un esquema de fraude con beneficios del programa de asistencia alimentaria (SNAP) que provocó pérdidas superiores al millón de dólares en varios estados, informaron las autoridades.
De acuerdo con la Oficina Estatal de Investigaciones de Carolina del Norte (SBI), Marian Ovidiu Dumitru y Catalin Dumitru, quienes presuntamente se encontraban de manera ilegal en Estados Unidos, formaban parte de una organización dedicada al robo de identidades y al uso fraudulento de tarjetas EBT para realizar compras en tiendas Sam’s Club.
Investigación inició en 2025
La investigación comenzó el 28 de julio de 2025, cuando agentes del SBI fueron llamados para colaborar en un caso relacionado con cuentas EBT robadas utilizadas en varias sucursales de Sam’s Club.
Según el grupo de trabajo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en Charlotte, las transacciones fraudulentas generaron pérdidas por 1,160,324 dólares.
Días después, el 1 de agosto de 2025, las autoridades detectaron otros 15,000 dólares en compras fraudulentas realizadas en tiendas Sam’s Club de Matthews, Pineville y Gastonia.
Las cámaras de vigilancia permitieron identificar a los sospechosos, quienes fueron seguidos hasta una unidad de almacenamiento en Charlotte, donde finalmente fueron arrestados.
Durante el operativo, los investigadores recuperaron mercancía valuada entre 27,000 y 30,000 dólares.
Además, un cateo en la vivienda de uno de los sospechosos permitió localizar evidencia relacionada con la fabricación de tarjetas de pago fraudulentas, lo que dio paso a nuevas investigaciones federales.
Se declararon culpables
El pasado 2 de julio de 2026, Marian Ovidiu Dumitru y Catalin Dumitru se declararon culpables del delito federal de fraude electrónico (wire fraud).
Cada uno enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión federal. Hasta el momento, la fecha de la sentencia no ha sido anunciada.
Las autoridades señalaron que en la investigación participaron múltiples agencias estatales y federales, mientras que la Fiscalía Federal para el Distrito Oeste de Carolina del Norte continúa con el proceso judicial.
