Miles de niños ciudadanos estadounidenses que viven en Carolina del Norte se verían seriamente perjudicados por una ley antiinmigrante firmada por el gobernador republicano Pat McCrory el 28 de octubre, señalaron en un informe dos organizaciones de defensa de los derechos infantiles.
De acuerdo al análisis «¿Cómo impacta la HB 318 a los niños de Carolina del Norte?», presentado por las organizaciones NC Child y First Focus, la ley HB 318, denominada de «Protección de los Trabajadores de Carolina del Norte» «es errónea y potencialmente perjudicaría a más de 170 mil niños residentes del estado».
El informe revela preocupaciones sobre la seguridad y el bienestar de la creciente población inmigrante del estado y manifiesta que la ley pone en peligro el acceso de los menores a servicios críticos, entre ellos, la educación.
El estudio afirma que al limitar los tipos de identificación que se pueden utilizar para establecer la identidad o residencia ante la justicia, los oficiales de policía u «otros funcionarios del gobierno», se atacan a los nuevos ciudadanos y específicamente a sus padres por restringir el uso de formas comunes de probar identidad emitidas por consulados extranjeros que han sido utilizadas para realizar trámites por los inmigrantes.
«Si se aplica el término funcionario del gobierno ampliamente para incluir los administradores escolares y trabajadores sociales, más de 170.000 niños ciudadanos estadounidenses se enfrentan a barreras adicionales para acceder a la educación pública y los servicios básicos de salud», dijo a Efe Michelle Hughes, directora ejecutiva de NC Child, organización estatal que aboga por los menores de edad.
«Deberíamos estar haciendo todo lo posible para que sea más fácil, no más difícil, para que todos los niños crezcan sanos y bien educados», apuntó.
Según el reporte, el hecho de que la ley incluya las palabras «otro funcionario de gobierno», es de particular preocupación para los niños ciudadanos del estado que viven en familias de estatus mixto (donde los menores son ciudadanos americanos o residentes legales y los padres indocumentados), ya que podría ser interpretado ampliamente para incluir educadores y proveedores de servicios.
«Sin una identificación válida, los padres pueden enfrentar desafíos en matricular a sus hijos en la escuela, la obtención de certificados de nacimiento, y acceder a otros servicios críticos en nombre de sus hijos», dice el estudio copatrocinado por la organización First Focus, con sede en Washington.
En la conclusión del análisis, las organizaciones llaman a los responsables políticos estatales y federales que en lugar de poner en peligro los derechos humanos fundamentales y la dignidad de las familias inmigrantes.
«Las autoridades deben centrarse en políticas que promuevan la plena integración y el éxito de los inmigrantes y sus niños, no todo lo contrario», mencionaron.
De acuerdo a la institución National Kids Count, en Carolina del Norte residen unos 346.528 menores de 18 años de edad.
