Autoridades locales aseguran que necesitan entre nueve meses y un año para analizar el proyecto, pero una nueva disposición estatal establece un plazo mucho más corto
CHARLOTTE, Carolina del Norte. — El futuro del controvertido proyecto para ampliar los carriles exprés con peaje de la Interestatal 77 (I-77) Sur vuelve a estar en el centro del debate en la región de Charlotte, mientras los líderes locales enfrentan un plazo limitado y la posibilidad de tener que devolver millones de dólares al estado.
Los integrantes de la Organización de Planificación del Transporte Regional de Charlotte (CRTPO) se reunieron para analizar el futuro del proyecto, que lleva más de una década en desarrollo.
Aunque algunos miembros de la organización consideran que necesitan entre nueve meses y un año para evaluar adecuadamente la propuesta, una disposición incluida en el presupuesto estatal aprobado recientemente les da hasta principios de octubre para definir oficialmente su posición.
Ciudades podrían tener que devolver millones de dólares
La nueva ley estatal establece que cualquier municipio que retire su apoyo al proyecto tendría que devolver la parte que le corresponde de aproximadamente $60 millones de dólares que el Departamento de Transporte de Carolina del Norte (NCDOT) ya ha gastado en su desarrollo.
Según el NCDOT, esos recursos han sido utilizados desde 2014 para financiar estudios ambientales, ingeniería preliminar, servicios de consultoría y personal relacionado con el proyecto.
El concejal de Charlotte Ed Driggs, representante del Distrito 7, señaló que la posición del estado se basa en años de planificación y decisiones previas.
Driggs explicó que CRTPO ha votado aproximadamente ocho o nueve veces durante la última década para mantener el proyecto en marcha y que el estado tomó decisiones financieras basándose en esos respaldos.
Sin embargo, la posibilidad de tener que devolver el dinero ha generado preocupación entre algunos gobiernos locales.
Cornelius enfrenta una posible multa de hasta $3.5 millones
El alcalde de Cornelius, Denis Bilodeau, describió la disposición como una sorpresa financiera importante que no estaba contemplada en el presupuesto municipal.
Cornelius podría enfrentar un pago de entre $3 millones y $3.5 millones de dólares, además de posibles retrasos en otros proyectos viales de la localidad.
Bilodeau calificó la penalización como un costo significativo para las comunidades que quieran cambiar de opinión respecto a los carriles de peaje.
Debido a esta presión financiera, algunas localidades que anteriormente se habían opuesto o habían retirado su respaldo han decidido volver a apoyar el proyecto.
Monroe, Statesville y Cornelius ya han cambiado nuevamente sus posiciones para respaldar la expansión y evitar las consecuencias económicas contempladas por el estado.
Matthews mantiene su oposición
Mientras algunas comunidades han dado marcha atrás, Matthews mantiene su oposición al proyecto.
El alcalde John Higdon calificó de “inaceptable” el ultimátum establecido por la legislatura estatal y argumentó que los gobiernos locales no deberían verse obligados a respaldar la construcción de carriles de peaje bajo presión financiera.
Higdon señaló que todas las municipalidades del condado de Mecklenburg votaron en contra del proyecto y cuestionó que el estado pueda imponer consecuencias económicas si las comunidades mantienen esa postura.
El alcalde también pidió que CRTPO tenga tiempo suficiente para realizar un análisis independiente, en lugar de depender exclusivamente de los estudios y datos proporcionados por el Departamento de Transporte.
“Necesitamos nueve meses a un año”
Uno de los principales puntos de desacuerdo es el plazo establecido por la ley estatal.
Higdon sostuvo que tomar una decisión sobre una infraestructura de esta magnitud en cuestión de semanas no es realista.
“Creo que necesitamos nueve meses a un año, de manera realista”, afirmó Higdon.
Según el alcalde, incluso nueve meses representarían un calendario bastante agresivo, mientras que uno o dos meses serían insuficientes para evaluar las consecuencias del proyecto.
También existe preocupación por la confianza entre las comunidades y el estado
El debate no se limita al costo del proyecto. Los líderes de transporte también han reconocido problemas históricos de confianza entre el gobierno estatal y algunas comunidades, particularmente comunidades afroamericanas que han expresado preocupación por proyectos de infraestructura y sus impactos.
Como parte de las conversaciones, se ha planteado aumentar hasta $300 millones de dólares la posible inversión estatal en las áreas afectadas por el proyecto con el objetivo de atender algunas de esas preocupaciones.
Mientras las autoridades discuten la expansión de la I-77 desde la frontera con Carolina del Sur hasta Uptown Charlotte, algunos residentes cuestionan si ampliar las carreteras es realmente la mejor solución para los problemas de movilidad de la región.
Residentes piden mayor inversión en transporte público
Durante el periodo de comentarios públicos de la reunión, algunos residentes pidieron que la región considere alternativas a la expansión de las carreteras.
Entre las propuestas mencionadas estuvieron una mayor inversión en transporte público, autobuses, trenes, bicicletas y vías peatonales.
Una residente de Charlotte argumentó que mejorar la vida cotidiana de las personas requiere invertir en empleos, tiendas de alimentos y opciones que permitan a los habitantes depender menos de sus automóviles.
La propuesta de la I-77 busca ampliar la capacidad de transporte entre el área de South Carolina y Uptown Charlotte, pero continúa generando un intenso debate sobre los costos, los peajes, el transporte público y el papel que deben desempeñar los gobiernos locales en la toma de decisiones.
Una decisión que podría costar millones
Con el plazo estatal acercándose, CRTPO enfrenta una decisión complicada: mantener oficialmente su respaldo al proyecto de carriles de peaje de la I-77 Sur o arriesgarse a que las comunidades involucradas tengan que devolver millones de dólares ya invertidos.
Los líderes locales aseguran que necesitan más tiempo para estudiar el proyecto, mientras que la legislación estatal establece un calendario mucho más corto.
La discusión podría definir no solo el futuro de la ampliación de la I-77, sino también la relación entre los gobiernos locales, el estado y las comunidades que serán directamente afectadas por el proyecto.
