El gobierno de Estados Unidos podría obtener la facultad de revocar la residencia permanente legal —conocida como «green card»— en cualquier momento, incluso años o décadas después de haber sido otorgada.
Así lo defendió el Departamento de Justicia ante el Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito esta semana, en un caso que ha encendido alarmas entre defensores de los derechos de los inmigrantes y expertos legales.
Durante la audiencia, representantes del Departamento afirmaron que la fiscal general Pam Bondi tiene autoridad para reconsiderar y anular la residencia permanente de cualquier inmigrante sin importar el tiempo transcurrido desde su aprobación.
Esta interpretación de la ley, de ser respaldada por los jueces, podría tener consecuencias devastadoras para millones de inmigrantes que han hecho su vida en EE.UU.
El gobierno de EE.UU. busca ampliar su poder para revocar residencias permanentes
La controversia gira en torno al caso de Mohammad Qatanani, un imán nacido en Palestina que vive en Nueva Jersey desde 1996.
Qatanani ha liderado una de las mezquitas más grandes del estado y ha luchado por su estatus legal por más de dos décadas.
Su solicitud de residencia, presentada en 1999, fue denegada en 2006 con base en una detención en Israel en 1993 y presuntos vínculos con Hamas, alegaciones que él niega tajantemente, afirmando que fue maltratado y detenido injustamente.
Aunque jueces de inmigración fallaron a su favor en dos ocasiones —la más reciente en 2020— la Junta de Apelaciones de Inmigración intervino posteriormente y revocó su estatus.
Qatanani apeló esa decisión.
La abogada del Departamento de Justicia, Lindsay Murphy, argumentó que la decisión judicial que otorgó la residencia a Qatanani «nunca fue finalizada», por carecer de pasos administrativos como la asignación de un número de visa y la actualización de datos biométricos.
Incluso aseguró que, «finalizada o no», la Junta tiene la facultad de reabrir el caso «en cualquier momento».
Cuando la jueza Arianna Freeman le preguntó si eso significaba incluso «10 o 20 años después», Murphy respondió: “El reglamento no impone ningún límite de tiempo, así que sí”.
La propuesta ha generado una fuerte oposición por parte de expertos legales. Amelia Wilson, profesora asistente en la Escuela de Derecho Elisabeth Haub de Pace University, declaró a Newsweek que:
“La ley contenida en la Ley de Inmigración y Nacionalidad es clara. El Departamento de Seguridad Nacional no puede revocar unilateralmente el estatus de residente permanente”.
Explicó que existe un proceso formal que incluye una notificación de intención de rescisión y el derecho a una audiencia:
“Durante estos procedimientos, es el gobierno quien tiene la carga de probar con evidencia clara, inequívoca y convincente que el residente permanente debe perder su estatus.
En ese punto, es el juez de inmigración —y solo el juez— quien puede revocar efectivamente la green card”.
Para Bradford Bernstein, socio de la firma legal Spar Bernstein, lo que está haciendo el gobierno es reinterpretar las leyes existentes sobre las green cards de forma peligrosa:
“En este caso, el gobierno argumenta que puede revocar una green card años o incluso décadas después de haber sido otorgada, basándose únicamente en que un juez de inmigración no completó todos los pasos administrativos necesarios”.
Agregó que aceptar esta postura:
“Socavaría gravemente los derechos al debido proceso de los residentes permanentes. Crearía un precedente peligroso donde las green cards podrían revocarse retroactivamente no por fraude o mala conducta del inmigrante, sino por errores administrativos del propio gobierno”.
Wilson fue aún más contundente:
“La postura del Departamento de Justicia ante el Tercer Circuito es otro intento de aterrorizar a las comunidades inmigrantes. La administración Trump está diciendo a los no ciudadanos que nunca estarán a salvo de la detención y deportación repentina, incluso después de haber seguido la ley”.
¿Qué puede ocurrir ahora?
Si el Tercer Circuito falla a favor del gobierno, la decisión solo aplicaría en los estados bajo su jurisdicción: Pensilvania, Nueva Jersey y Delaware.
Sin embargo, un fallo de este tipo podría sentar un precedente que afecte a otras regiones y aliente nuevas interpretaciones legales.
Y si el caso llega a la Corte Suprema y es respaldado, se abriría la puerta a que se revise y revoque la residencia permanente a nivel nacional, incluso en situaciones que antes se consideraban protegidas bajo el principio del debido proceso.
¿Crees que el gobierno debería tener poder ilimitado para revocar una green card años después de otorgarla?
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