El martes de la semana pasada Donald Trump resultó electo presidente de los Estados Unidos. Durante su campaña, alertó que en caso de ganar las elecciones implementaría una “deportación masiva”. Si bien aún no asumió –tomará el cargo en 20 de enero próximo–, los inmigrantes en ya sufrieron su primer golpe: un juez federal anuló un importante permiso migratorio otorgado por el gobierno de Biden que beneficiaba a las personas indocumentadas casadas con ciudadanos.
¿Cuál es el beneficio anulado?
Se trata del “parole in place”. En pocas palabras: si una persona ingresa al país de manera legal (por ejemplo, con visa de turista) y luego se queda y se casa con un ciudadano americano, puede obtener de manera sencilla la green card o residencia permanente. En cambio, si ingresó de manera ilegal (por ejemplo cruzando la frontera), no puede obtenerla aunque se case con un ciudadano (en rigor, sí puede, pero para realizar el trámite debe regresar a su país de origen y permanecer allí durante años, es decir, debe separarse de su familia, perder su trabajo, etc.). Justamente a esas personas que ingresaron sin papeles y luego se casaron con un ciudadano beneficiaba el permiso de Biden, ya que les daba la posibilidad de obtener la residencia permanente sin necesidad de salir de Estados Unidos y separarse de sus familias. Tras la decisión de un juez de Texas ante la demanda de grupos republicanos antiinmigrantes, esto ya no es posible.
Contexto político antiinmigrantes
Como te contábamos más arriba, esta decisión fue tomada justo dos días después de que Trump ganara las elecciones.
Trump había hablado de “deportación masiva en su campaña” y, tal como informó la agencia de noticias AP, su victoria “prepara el escenario para una represión rápida a las personas sin la documentación adecuada”. De hecho, el juez federal de Texas que anuló este permiso migratorio había sido nombrado por Trump durante su anterior presidencia.
Mientras tanto, el gobierno de Biden evalúa opciones para apelar esta medida judicial pero en este contexto, tras el triunfo del candidato republicano, es casi imposible que el programa “parole in place” pueda seguir en pie.
Proyecto antiinmigrante que obliga a alguaciles a cooperar con ICE en NC podría convertirse en ley la semana que viene
La semana que viene, la legislatura de Carolina del Norte volverá a reunirse y es probable que el polémico proyecto antiinmigrante HB 10, que había sido vetado por el gobernador Cooper, se convierta en ley.
Tal como informó nuestra compañera Claudia Rivera, el líder republicano de la Cámara de Representantes, Tim Moore, anunció que sus bloques de ambas cámaras podrían intentar revertir el veto del gobernador el martes 19 de noviembre.
En caso de lograr anular el veto, la HB 10 se convertirá en ley y los alguaciles pasarán a estar obligados a cooperar con ICE para averiguar el estatus migratorio de personas detenidas por casi cualquier delito, incluidos algunos muy leves como infracciones menores de tránsito. Ya tenemos antecedentes en el estado de programas muy similares, como el 287 (g) que generó miles de deportaciones y separaciones familiares en Carolina del Norte entre el 2006 y 2018.
¿Qué chances hay de que la HB 10 se convierta en ley la semana próxima?
Nadie puede saberlo con exactitud, pero lo cierto es que los republicanos dominan tres quintos de ambas cámaras, la cifra mágica de la «supermayoría» para poder anular un veto del gobernador.
Debido a los resultados de las últimas elecciones, existe la posibilidad de que los republicanos pierdan un escaño en la Cámara de Representantes para el año que viene. En ese caso, dejarían de tener la “supermayoría” que les permite anular los vetos del gobernador. Por eso, se especula con que intentarán aprobar la HB 10 este año ya que en 2025 podrían necesitar negociar con los demócratas para lograrlo.
Por supuesto, la semana que viene estaremos muy atentos a este tema y te haremos llegar cualquier novedad.
Por: Nicolás Baintrub
Fuente: https://enlacelatinonc.org/
