Entre las medidas destacan el fin de la fianza sin efectivo para delitos violentos, penas más severas por violencia doméstica y drogas, autorización de armas en escuelas privadas y cambios en inspecciones vehiculares.
Winston-Salem, Carolina del Norte —
Con el inicio de diciembre, Carolina del Norte verá la aplicación de importantes cambios legales que impactan directamente en la justicia penal, la seguridad escolar y las normas de tránsito.
Ley de Iryna
Una de las reformas más relevantes es la llamada “Ley de Iryna”, nombrada en memoria de Iryna Zarutska, una joven ucraniana de 23 años asesinada en Charlotte por un hombre con múltiples antecedentes criminales.
- Elimina la fianza sin efectivo para personas acusadas de delitos violentos.
- Obliga a los jueces a ordenar evaluaciones de salud mental en ciertos casos.
- Modifica los procedimientos de la pena de muerte para acelerar procesos, detenidos desde 2006 por desafíos legales.
Ley de Seguridad Pública 2025
Otra medida de gran alcance es la Ley de Seguridad Pública de 2025, que endurece las sanciones para diversos delitos:
- Nuevo delito grave por exponer a un menor de 16 años a sustancias controladas.
- Cargos más severos para reincidentes en violencia doméstica.
- Penas más estrictas por posesión y venta de fentanilo.
- Castigos más duros por robo de tarjetas de regalo y otros delitos relacionados.
Escuelas privadas y religiosas
La House Bill 193 permite que empleados y voluntarios porten armas de fuego ocultas en campus privados y religiosos, siempre que cuenten con la autorización de la dirección escolar.
Normas de tránsito
La Senate Bill 391 introduce cambios para conductores con ventanas polarizadas:
- Los tintes ya no forman parte de la inspección de seguridad vehicular.
- Durante detenciones de tráfico, los conductores deberán bajar las ventanas polarizadas para facilitar la interacción con la policía.
Impacto general
Estas leyes reflejan un endurecimiento en materia de seguridad pública y un mayor control en ámbitos escolares y de tránsito. El paquete legislativo busca responder a preocupaciones ciudadanas sobre violencia, drogas y seguridad comunitaria.
