El proyecto de ley HB10 que obligaría a los alguaciles en Carolina del Norte a colaborar con el ICE abre interrogantes y preocupaciones legales.
Una de las inquietudes es el cumplimiento de la cláusula de la Decimocuarta Enmienda que garantiza el adecuado proceso procesal.
Stefanía Arteaga, codirectora ejecutiva de Carolina Migrant Network, explicó a que cuando uno entra a una cárcel, hay un proceso judicial que se debe cumplir y la persona puede abogar por sí misma, sin embargo, la HB10 viola esta cláusula.
«Lo que hace esta propuesta es que limita la cláusula al debido proceso. Ciertos alguaciles ya se expresaron en contra este proyecto», comentó.
Preocupaciones constitucionales
En un análisis realizado por la Unión Americana de Libertades Civiles de Carolina del Norte (ACLU-NC) y el Centro de Justicia que la HB10 no hace nada para curar las preocupaciones constitucionales con las detenciones del ICE y puede exponer a los alguaciles y condados a la responsabilidad.
Gobiernos locales a lo largo de Estados Unidos han tenido que resolver demandas costosas debido a que han detenido a personas basándose en órdenes de retención de ICE, las cuales no cuentan con la causa probable requerida por la Cuarta Enmienda de la Constitución. Este tipo de detenciones ha generado preocupación legal y financiera en diversas jurisdicciones.
Por otra parte, existe una disposición que indica que los alguaciles no serán responsables si detienen a personas bajo una orden judicial estatal. Sin embargo, esta cláusula no los exime de enfrentar demandas por posibles violaciones a la Constitución de EE. UU. Este aspecto legal subraya una área gris en la que la protección legal de los funcionarios no es absoluta, dejando espacio para complicaciones legales adicionales.
En cuanto a las víctimas de delitos, su acceso a la justicia podría verse comprometido. Esto se debe a que, bajo ciertas circunstancias, la persona acusada de causarles daño puede no estar presente en el estado para enfrentar el juicio. Esta situación puede resultar en que las víctimas no vean satisfechas sus demandas de justicia y reparación.
Además, las personas que son presumidas inocentes podrían verse privadas de una oportunidad significativa para defenderse en un tribunal estatal. Esta falta de oportunidad para un juicio justo es contraria a los principios fundamentales de justicia y derecho a la defensa.
Finalmente, es habitual que ICE traslade a personas detenidas en Carolina del Norte a instalaciones en Georgia. Este traslado interfiere significativamente con la capacidad del detenido para probar su inocencia en un tribunal de Carolina del Norte. En muchos casos, ICE remueve a la persona del estado antes de que los cargos estatales se resuelvan, creando un obstáculo considerable para la resolución justa y eficiente de los casos.
Partes principales de la HB 10
En un análisis realizado por la Unión Americana de Libertades Civiles de Carolina del Norte (ACLU-NC) y el Centro de Justicia expone, entre otros asuntos, que la HB10 interfiere con las comunidades y las decisiones de los alguaciles sobre los recursos locales y las prioridades.
De acuerdo con el reporte de las organizaciones, la iniciativa tiene dos partes principales.
Las cárceles locales asumirán el gasto de hacer el trabajo del gobierno federal
- La HB10 modifica la ley existente de Carolina del Norte (N.C.G.S. 162-62) al requerir que las cárceles investiguen el estatus migratorio de cada persona llevada a la cárcel acusado de un delito grave.
- Si la cárcel no puede determinar el estatus migratorio de la persona, entonces ellos están obligados a notificar a ICE.
A los defensores de la violencia doméstica en Carolina del Norte les preocupa que este proyecto de ley socave los esfuerzos para ayudar a los supervivientes de relaciones violentas.
Exige el cumplimiento de todas las solicitudes de detención del ICE, sin excepción
- La cárcel o el centro penitenciario debe cumplir con una solicitud de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para cualquier persona acusada de cualquier delito.
- Significa retener a una persona durante 48 horas después de que de otro modo sería liberada bajo la ley estatal, incluso si un tribunal ha permitido que la persona sea liberada hasta su juicio.
- Las órdenes de retención NO están firmadas por un juez y no constituyen órdenes penales. Son solicitudes voluntarias de agentes de bajo nivel del ICE que no han sido revisadas por un árbitro neutral para verificar si la detención es probable. También, la HB10 obliga a magistrados y jueces a aprobar las detenciones administrativas del ICE.
- Para cada solicitud de detención, el funcionario judicial tendría que determinar si la persona que figura en la orden de detención ha sido debidamente identificada como la persona detenida. Además, entra en conflicto con la ley federal. Este proceso no hace nada para considerar si la detención se basa en una causa probable, dejando a los alguaciles expuestos a la responsabilidad por encarcelamiento indebido. Por ejemplo, este proceso no dejaría ningún camino práctico para que alguien que, de hecho, puede ser un ciudadano, sea puesto en libertad, si su nombre está en la solicitud de detención.
El informe igualmente señala que la primera parte del proyecto de ley, que aparentemente se enfoca en delitos graves, en realidad tiene dos implicaciones principales: primero, desvía la atención de la segunda sección de la medida, que incluye a individuos con cualquier nivel de cargos penales. Segundo, modifica la legislación vigente para obligar a los funcionarios de prisiones a informar a ICE sobre la presencia de cualquier persona acusada de violar una orden de protección tipo 50B o de cometer un delito menor. Esta expansión podría desalentar a las víctimas de presentar denuncias ante la policía.
Falta de protección a víctimas
Asimismo, indica el análisis, la HB10 desperdiciaría los limitados recursos locales y socavaría la autoridad local para establecer prioridades de aplicación de la ley y los presupuestos.
«Los alguaciles son elegidos localmente y sus electores pidieron que dejaran de hacer cumplir la ley de inmigración», afirmaron ACLUNC y el Centro de Justicia.
- No protege a los testigos ni a las víctimas de delitos, incluidas las supervivientes de violencia doméstica.
- Exigir el cumplimiento absoluto de las demandas del ICE, erosionará aún más la confianza de la comunidad en la aplicación de la ley, especialmente para los testigos de delitos y las víctimas de violencia doméstica.
- Las investigaciones demuestran que cuando la policía y los alguaciles cooperan con los agentes federales de inmigración, se desalienta a los inmigrantes, junto con sus hijos ciudadanos, vecinos, y amigos a denunciar delitos y servir de testigos.
